Este nuevo problema no amenazará con hacernos retroceder 50 años en el tiempo si no somos capaces atajarlo a tiempo, no nos devolverá a la era pre-tecnológica, este problema de escasez amenazará nuestra propia existencia.
El agua, un bien muy escaso en el planeta y poco apreciado en el llamado primer mundo, empezará a escasear, los distintos pueblos, las grandes empresas y los gobiernos comenzarán a situarse en uno de los dos únicos bandos que se crearán; los que tienen el agua y luchan por preservarla y comercializar a precio de oro su excedente, y frente a ellos, los gobiernos que carecen del suficiente agua para mantener a su pueblo y están dispuestos a conseguirla a cualquier precio.
Solo el 3 % del agua del planeta es agua dulce, y de ese porcentaje, solo el 0.4 % es agua superficial o atmosférica, o lo que es lo mismo, accesible, y por si fuera poco, la mitad de los grandes ríos del planeta ven año a año disminuido su caudal o bien presentan grandes signos de contaminación . De hecho, a día de hoy, 1500 millones de personas no tienen acceso al agua potable... pero por suerte para la paz mundial, esos 1500 millones de personas vienen a ser las mismas que tampoco tienen un acceso directo al restos de bienes básicos para garantizar la propia existencia como son, por ejemplo, el trigo y el arroz antes mencionados.
Son el tercer mundo, no tienen armas, no tienen fuerza política, no tienen voz, no importan.
Sin embargo esta es una situación que irremediablemente tendrá que cambiar, y lo hará cuando los países que sí importan empiecen a pugnar entre ellos por el agua.
A solo 15 años de que esas cifras se materialicen, ya se pueden apreciar los cambios y los movimientos perezosos de los distintos países para poco a poco prepararse.
En el año 2000, en la Haya, Holanda, 160 gobiernos acordaron que el agua sería una necesidad humana y no un derecho del hombre; cuidado con la semántica, esta diferenciación no es casual, se puede hacer negocios a costa de las necesidades humanas, pero no a costa de los derechos humanos.
Y como no, tampoco pierden tiempo las distintas empresas que ven en este futuro, no un reto para la humanidad, sino una oportunidad.
En los últimos años, por ejemplo, hemos visto a grandes corporaciones posicionándose en este mercado.
Las francesas Vivendi y Suez (clasificadas en los puestos 51 y 99 respectivamente en el Global Fortune 500 de 2001). La alemana RWE (en el puesto 53), que adquirió dos importantes empresas de agua, Thames Water en el Reino Unido y American Water Works, en Estados Unidos de Norteamérica.
Hemos visto también, grupos de inversión de riesgo adquiriendo los derechos de explotación de distintos glaciares.
Pero uno de de esos ejemplos, el que pone el titulo a esta entrada y se lleva la palma, lo podemos observar en Argentina, particularmente en el río Paraná.
La empresa estadounidense Makhena SA con sede en Miami y sucursal en Buenos Aires es la propietaria de la marca de agua embotellada Gold Spring.
Lo particular de este caso es sin duda el método de extracción de este agua.
Cualquier buque, para navegar y mantener su flotabilidad y equilibrio necesita ser lastrado con agua.
Esta empresa actúa de la siguiente manera; aprovecha su presencia en la zona para importar a Argentina todo tipo de productos a través del rió Paraná, pero su negocio no está solo en en transporte de esos productos. Una vez depositados en puerto los productos, sus buques son lastrados a su máxima capacidad con agua directamente obtenida del río Paraná, un agua que una vez sacada del país es transportada, potabilizada y vendida en los mercados de Medio Oriente, África y Europa
El negocio es redondo, obtienen el agua de manera totalmente gratuita y la venden al mejor precio y con las mejores referencias de origen posibles. Un buque cargado de agua dulce con capacidad para 70 mil toneladas, puede vender ese mismo agua por 2 millones de dolares en el desabastecido Oriente Medio, sin siquiera necesitar embotellarla.
Buques en el río Paraná
Y todo esto lo hacen ante la mirada atónita y el conocimiento de lo que ocurre de las propias autoridades portuarias que no tienen medios jurídicos para actuar contra este trafico alegal de agua.
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